ISABEL PERON, ANTONIO CAFIERO,CARLOS RUCKAUF,ITALO LUDER, SON TAN GENOCIDAS COMO JORGE RAFAEL VIDELA
¿Yo señor, no señor?
Tanto el abogado de Isabel Perón, como los ex ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, negaron su responsabilidad en las causas de desaparecidos en Mendoza. Inclusive el abogado defensor de la ex presidenta destacó que no tenía “ni la menor idea” de la causa que estaba sustanciando el juez federal de San Rafael, Dr. Raúl Acosta, quien ordenó la constatación de domicilio y la posterior detención de la ex presidenta y los integrantes de su gabinete. Por su parte, Antonio Cafiero indicó que los decretos ordenaban aniquilar “el accionar subversivo” y que no se pretendió la eliminación física de los integrantes de la guerrilla, mientras Carlos Ruckauf expresó que el gobierno justicialista de Perón “no permitía la represión ilegal”.
El abogado de la ex presidenta, Atilio Neira, dijo haberse enterado por los medios de que la ex presidenta está involucrada en una causa judicial en Mendoza por la desaparición de ciudadanos a raíz de la represión ordenada contra la guerrilla.
“No sabíamos nada. Nos enteramos por la prensa. No teníamos ni la menor idea de esta causa”, comentó.
En realidad, Isabel, estaba en uso de licencia cuando se firmó el decreto, y al frente del PEN estaba el entonces titular del Senado, Ítalo Luder.
Según Neira, “se reflota un tema muy vapuleado hace 30 años”, y aclaró, en relación al polémico decreto, que “además de poner el acento en la palabra ‘aniquilar’, hay que ponerlo en ‘accionar’” subversivo; “hay una diferencia muy profunda”, dijo.
“Una cosa es detener a gente y ponerla a disposición de la Justicia Federal, y otra muy diferente es hacerla desaparecer, torturar y matar”, diferenció.
Estimó que, por la cantidad de proyectos y decretos reglamentarios que hacían alusión a la represión, unos 30 o 40, según evaluó, habría que “poner a todos aquellos (involucrados) bajo disposición de la Justicia Federal”.
También sugirió que “el debate debería alcanzar a la gente que estaba trabajando en esos hechos antes del 24 de marzo, cómo después siguió trabajando exactamente igual” en la represión ilegal, como Aníbal Gordon, (Raúl) Guglielminetti, (Eduardo) Ruffo, que siguieron trabajando para inteligencia militar con el Proceso, sin que nadie los tocara”.
Cafiero
Por su parte, el ex senador Antonio Cafiero deslizó que su involucramiento es una más de las “difamaciones” sufridas en su vida, aunque admitió que en esa época hubo “hechos aislados” de terrorismo de Estado. Admitió que la medida lo sorprendió, por el tiempo transcurrido, y recordó que él declaró por este mismo tema en ocasión del juicio a los ex comandantes, en 1985, “y no produjo ningún comentario”. Aclaró que con esa norma legal no se pretendió la eliminación física de los integrantes de la guerrilla. “Aniquilar la subversión, no a los subversivos, entendamos bien”, diferenció Cafiero, al hacer referencia al decreto que en realidad hablaba de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.
Por último, Cafiero hizo una autocrítica del gobierno de Isabel: “Yo no niego que durante ese último año (previo al golpe) hubo algunos hechos aislados” de terrorismo de Estado, admitió.
Ruckauf
Finalmente, el ex ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, indicó que el Gobierno de María Estela Martínez de Perón “no permitía la represión ilegal”, pese a que organismos humanitarios calculan que entonces hubo unos 800 ejecutados y desaparecidos por fuerzas paraestatales.
Opinó que “se trata de una nueva embestida respecto a lo que fueron los decretos en acuerdo de gabinete del Gobierno de Isabel Perón” dándole poder a “las fuerzas armadas” para “aniquilar” a lo que entonces se denominaba “subversión” para referirse a la guerrilla.
“Yo firmé el último de esos tres decretos”, admitió el diputado y destacó que “lo primero que hizo (la dictadura) fue perseguirnos a nosotros o sea que está claro que si un gobierno militar vino fue porque el gobierno constitución no permitía la represión ilegal y a los primeros que persiguió fue a los que éramos presidente, vicepresidente y ministros del gobierno.
“El aniquilamiento del accionar subversivo que ordenaba el decreto fue usado como defensa de los miembros de la primera Junta Militar -Videla, Massera y Agosti- cuando nosotros testificamos contra ellos en el juicio a las juntas”, agregó.
El juez confirmó las medidas judiciales
Por Jorge Fernández Rojas.
La información que publicaron es correcta”. De esta manera, el juez federal Raúl Acosta, ratificó, en comunicación telefónica con Los Andes, el contenido del informe que publicó ayer este diario sobre la investigación de la desaparición de Aldo Héctor Fagetti en 1975.
En las notificaciones que emitió Acosta constan en un mismo documento la orden para la búsqueda de los datos “patronímicos” (identificación y domicilio) y la orden de detención para los integrantes de aquel gobierno peronista que cayó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A esta documentación tuvo acceso en forma exclusiva Los Andes.
A la vez, el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, confirmó la medida judicial impartida por el juez sanrafaelino.
En rueda de prensa, dijo que Acosta solicitó información al Ejecutivo provincial para conocer los nombres y domicilios de los implicados en Mendoza que hayan ordenado o realizado tareas represivas dentro de la Policía Provincial como de la Penitenciaría “bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación conforme lo normado por los decretos 2.770, 2.771, 2.772 del Ejecutivo Nacional en fecha 06 de octubre de 1975”.
Mientras tanto Marinelli, confirmó el pedido de Acosta y de “urgente despacho” sobre la identidad de las personas y sus domicilios actualizados de los policías y penitenciarios que actuaron en operativos de secuestros y encierros bajo la orden del Ejecutivo Nacional.
Marinelli encargó a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación que “busque” resoluciones, normas, convenios o actas que se puedan haber dictado cerca del 6 de octubre de 1975, para “hacer operativos los decretos en cuestión, en especial el 2.771/75”, según indica el oficio.
El hermetismo oficial dentro del Gobierno de Julio Cobos funcionó en base a la confianza que el juez Acosta tiene con algunos funcionarios. Especialmente con el ministro de Seguridad Miguel Bondino.
Se sabe que Bondino ha estado vinculado a los juzgados federales del Sur bajo las órdenes de Acosta. Incluso ha integrado la nómina de jueces subrogantes de aquella jurisdicción.
Por otro lado, Marinelli, también dirigente radical sureño mantuvo un silencio interno al extremo que ni el mismo Cobos estaba enterado de las medidas de Acosta y las instrucciones judiciales que habían llegado al palacio gubernamental.
Conmoción en la prensa
La noticia de impacto nacional publicada , repercutió en los ámbitos periodísticos de todo el país. Como consecuencia a la información surgida desde la corresponsalía de este diario en San Rafael surgieron los cuestionamientos sobre la veracidad y la precisión de los datos revelados. Fue la primera reacción mediática junto con los dichos de Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf que, dicho sea de paso, no pusieron en duda la versión sino que se dedicaron a defender sus actuaciones como ministros de Isabel Perón. Pero dada la polémica periodística, la confirmación de los detalles de la información por parte del mismo magistrado terminó resultando una noticia en sí misma.
Ítalo Luder
En nuestra edición de ayer, al hacer alusión a los ex ministros y funcionarios que involucraba el juez Acosta en la causa por desaparecidos, se publicó por equivocación que el ex presidente provisional del Senado, Ítalo Argentino Luder, había fallecido.
En realidad Ítalo Luder, quien fuera candidato a presidente por el justicialismo en 1983, está vivo y reside en Buenos Aires
¿Yo señor, no señor?
Tanto el abogado de Isabel Perón, como los ex ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, negaron su responsabilidad en las causas de desaparecidos en Mendoza. Inclusive el abogado defensor de la ex presidenta destacó que no tenía “ni la menor idea” de la causa que estaba sustanciando el juez federal de San Rafael, Dr. Raúl Acosta, quien ordenó la constatación de domicilio y la posterior detención de la ex presidenta y los integrantes de su gabinete. Por su parte, Antonio Cafiero indicó que los decretos ordenaban aniquilar “el accionar subversivo” y que no se pretendió la eliminación física de los integrantes de la guerrilla, mientras Carlos Ruckauf expresó que el gobierno justicialista de Perón “no permitía la represión ilegal”.
El abogado de la ex presidenta, Atilio Neira, dijo haberse enterado por los medios de que la ex presidenta está involucrada en una causa judicial en Mendoza por la desaparición de ciudadanos a raíz de la represión ordenada contra la guerrilla.
“No sabíamos nada. Nos enteramos por la prensa. No teníamos ni la menor idea de esta causa”, comentó.
En realidad, Isabel, estaba en uso de licencia cuando se firmó el decreto, y al frente del PEN estaba el entonces titular del Senado, Ítalo Luder.
Según Neira, “se reflota un tema muy vapuleado hace 30 años”, y aclaró, en relación al polémico decreto, que “además de poner el acento en la palabra ‘aniquilar’, hay que ponerlo en ‘accionar’” subversivo; “hay una diferencia muy profunda”, dijo.
“Una cosa es detener a gente y ponerla a disposición de la Justicia Federal, y otra muy diferente es hacerla desaparecer, torturar y matar”, diferenció.
Estimó que, por la cantidad de proyectos y decretos reglamentarios que hacían alusión a la represión, unos 30 o 40, según evaluó, habría que “poner a todos aquellos (involucrados) bajo disposición de la Justicia Federal”.
También sugirió que “el debate debería alcanzar a la gente que estaba trabajando en esos hechos antes del 24 de marzo, cómo después siguió trabajando exactamente igual” en la represión ilegal, como Aníbal Gordon, (Raúl) Guglielminetti, (Eduardo) Ruffo, que siguieron trabajando para inteligencia militar con el Proceso, sin que nadie los tocara”.
Cafiero
Por su parte, el ex senador Antonio Cafiero deslizó que su involucramiento es una más de las “difamaciones” sufridas en su vida, aunque admitió que en esa época hubo “hechos aislados” de terrorismo de Estado. Admitió que la medida lo sorprendió, por el tiempo transcurrido, y recordó que él declaró por este mismo tema en ocasión del juicio a los ex comandantes, en 1985, “y no produjo ningún comentario”. Aclaró que con esa norma legal no se pretendió la eliminación física de los integrantes de la guerrilla. “Aniquilar la subversión, no a los subversivos, entendamos bien”, diferenció Cafiero, al hacer referencia al decreto que en realidad hablaba de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.
Por último, Cafiero hizo una autocrítica del gobierno de Isabel: “Yo no niego que durante ese último año (previo al golpe) hubo algunos hechos aislados” de terrorismo de Estado, admitió.
Ruckauf
Finalmente, el ex ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, indicó que el Gobierno de María Estela Martínez de Perón “no permitía la represión ilegal”, pese a que organismos humanitarios calculan que entonces hubo unos 800 ejecutados y desaparecidos por fuerzas paraestatales.
Opinó que “se trata de una nueva embestida respecto a lo que fueron los decretos en acuerdo de gabinete del Gobierno de Isabel Perón” dándole poder a “las fuerzas armadas” para “aniquilar” a lo que entonces se denominaba “subversión” para referirse a la guerrilla.
“Yo firmé el último de esos tres decretos”, admitió el diputado y destacó que “lo primero que hizo (la dictadura) fue perseguirnos a nosotros o sea que está claro que si un gobierno militar vino fue porque el gobierno constitución no permitía la represión ilegal y a los primeros que persiguió fue a los que éramos presidente, vicepresidente y ministros del gobierno.
“El aniquilamiento del accionar subversivo que ordenaba el decreto fue usado como defensa de los miembros de la primera Junta Militar -Videla, Massera y Agosti- cuando nosotros testificamos contra ellos en el juicio a las juntas”, agregó.
El juez confirmó las medidas judiciales
Por Jorge Fernández Rojas.
La información que publicaron es correcta”. De esta manera, el juez federal Raúl Acosta, ratificó, en comunicación telefónica con Los Andes, el contenido del informe que publicó ayer este diario sobre la investigación de la desaparición de Aldo Héctor Fagetti en 1975.
En las notificaciones que emitió Acosta constan en un mismo documento la orden para la búsqueda de los datos “patronímicos” (identificación y domicilio) y la orden de detención para los integrantes de aquel gobierno peronista que cayó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A esta documentación tuvo acceso en forma exclusiva Los Andes.
A la vez, el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, confirmó la medida judicial impartida por el juez sanrafaelino.
En rueda de prensa, dijo que Acosta solicitó información al Ejecutivo provincial para conocer los nombres y domicilios de los implicados en Mendoza que hayan ordenado o realizado tareas represivas dentro de la Policía Provincial como de la Penitenciaría “bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación conforme lo normado por los decretos 2.770, 2.771, 2.772 del Ejecutivo Nacional en fecha 06 de octubre de 1975”.
Mientras tanto Marinelli, confirmó el pedido de Acosta y de “urgente despacho” sobre la identidad de las personas y sus domicilios actualizados de los policías y penitenciarios que actuaron en operativos de secuestros y encierros bajo la orden del Ejecutivo Nacional.
Marinelli encargó a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación que “busque” resoluciones, normas, convenios o actas que se puedan haber dictado cerca del 6 de octubre de 1975, para “hacer operativos los decretos en cuestión, en especial el 2.771/75”, según indica el oficio.
El hermetismo oficial dentro del Gobierno de Julio Cobos funcionó en base a la confianza que el juez Acosta tiene con algunos funcionarios. Especialmente con el ministro de Seguridad Miguel Bondino.
Se sabe que Bondino ha estado vinculado a los juzgados federales del Sur bajo las órdenes de Acosta. Incluso ha integrado la nómina de jueces subrogantes de aquella jurisdicción.
Por otro lado, Marinelli, también dirigente radical sureño mantuvo un silencio interno al extremo que ni el mismo Cobos estaba enterado de las medidas de Acosta y las instrucciones judiciales que habían llegado al palacio gubernamental.
Conmoción en la prensa
La noticia de impacto nacional publicada , repercutió en los ámbitos periodísticos de todo el país. Como consecuencia a la información surgida desde la corresponsalía de este diario en San Rafael surgieron los cuestionamientos sobre la veracidad y la precisión de los datos revelados. Fue la primera reacción mediática junto con los dichos de Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf que, dicho sea de paso, no pusieron en duda la versión sino que se dedicaron a defender sus actuaciones como ministros de Isabel Perón. Pero dada la polémica periodística, la confirmación de los detalles de la información por parte del mismo magistrado terminó resultando una noticia en sí misma.
Ítalo Luder
En nuestra edición de ayer, al hacer alusión a los ex ministros y funcionarios que involucraba el juez Acosta en la causa por desaparecidos, se publicó por equivocación que el ex presidente provisional del Senado, Ítalo Argentino Luder, había fallecido.
En realidad Ítalo Luder, quien fuera candidato a presidente por el justicialismo en 1983, está vivo y reside en Buenos Aires